Artículo publicado originalmente en El Salto el 20/03/2023

“Las que nos hemos sentido periferias en sociedad, las mujeres, las migrantes, las personas trans, el colectivo LGTBIQ+… somos la mayoría social y tenemos que ocupar espacios centrales sin pedir perdón ni permiso”. Así inauguraba Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, la octava edición del Congreso de Economía Feminista. “Es necesario subvertir este sistema económico injusto que genera violencia y poner la economía feminista como necesidad central para tener unas oportunidades de vida mejores para nuestras hijas, hijos e hijes”, añadía.

El encuentro, para el que se registraron más de 400 personas, reunió a multitud de mujeres de diferentes ámbitos de actividad (academia, movimientos sociales, instituciones públicas, ONGs…) en una abarrotada Nau Bostik. Aquí se ha hablado sobre diferentes retos que abordar desde una economía emancipatoria para las mujeres, donde también se han señalado las limitaciones del sistema capitalista colonial, la economía digital y la necesidad de una transición climática socialmente justa. “No queremos los espacios que nos ofrece el sistema, queremos cambiar el sistema”, señalaba la investigadora Alicia Pérez con un mantra que se ha transversal izado a lo largo del Congreso.

El encuentro, para el que se registraron más de 400 personas, reunió a multitud de mujeres de diferentes ámbitos de actividad en una abarrotada Nau Bostik

La violencia económica contra las mujeres y la división sexual del trabajo también ha tomado un eje clave en los debates, que han permitido poner una vez más sobre la mesa cuestiones que atienden directamente a problemáticas centrales: por qué las crisis y el empobrecimiento afectan sobre todo a las mujeres -y especialmente a aquellas racializadas y del Sur Global-, cómo la violencia económica constituye un eslabón central en el sistema patriarcal y, por tanto, cómo se intersecciona con la violencia machista.

Las realidades detrás de la violencia económica contra las mujeres

“Los recursos se convierten en un instrumento de los hombres para ejercer poder sobre el cuerpo y la vida de las mujeres”. La investigadora Ana Carolina Henao Vargas ilustraba de esta manera el significado de la violencia económica contra las mujeres, partiendo de la idea de la feminización de la pobreza como un proceso que se construye desde lo más concreto y cotidiano, como la violencia en la pareja, hasta lo estructural, con el Estado como “sujeto político” que reproduce y perpetúa la opresión a nivel institucional.

El empobrecimiento de las mujeres tiene múltiples impactos sociales y materiales: desde el abandono y la ruptura de redes de apoyo, pasando por la dependencia económica de figuras masculinas, el relego de la mujer al ámbito de trabajo informal y la gran limitación de medios económicos y temporales, hasta los múltiples efectos que se trasladan al cuerpo de las mujeres, con efectos en la salud física y mental (fatiga crónica por exceso de trabajo, percepción vital fatalista, estrés permanente…), tal y como muestran las investigaciones expuestas en el Congreso.

“La violencia económica tiene múltiples formas de expresión y se puede anudar o potenciar con otras formas de violencia, como las violencias machistas, racistas o patriarcales”, indica a El Salto la antropóloga y activista feminista Flora Partenio, una de las ponentes y también co-autora del libro ‘Si nuestras vidas no valen, entonces produzcan sin nosotras’. Esta violencia económica es visible en diferentes dimensiones de la vida, desde las brechas salariales en el mercado de trabajo hasta los desplazamientos territoriales que sobre todo mujeres y niñas se ven obligadas a realizar en un sistema económico extractivista, pero también en los flujos financieros ilícitos y en la falta de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, según expone Partenio.

Casi dos millones y medio de mujeres (el 11,5%) han sufrido violencia económica sólo en el Estado español. Así lo indica la última Macroencuesta sobre Violencia de Género llevada a cabo en 2019. En torno al 60% de las que han sufrido violencia económica en el pasado lo ha vivido frecuentemente. Además, las probabilidades de sufrir este tipo de violencia aumentan entre mujeres migrantes, aquellas que tienen alguna discapacidad y las que no tienen estudios superiores.

Una opresión que se agrava con la creciente desinversión del Estado en servicios públicos, la cual recae en una mayor carga de trabajos de cuidados para las mujeres. “Esto produce una sobrecarga de cuidados no remunerados para las mujeres que no solamente son las que más están en trabajos informales y precarios, sino que también son las que asumen la mayor titularidad de las deudas sociales y legales para cuidar. Son las que más cuidan, las que asumen más la carga de cuidados y las que deben gestionar más dinero para ello, endeudándose más”, declara la antropóloga.

Casi dos millones y medio de mujeres (el 11,5%) han sufrido violencia económica sólo en el Estado español. Así lo indica la última Macroencuesta sobre Violencia de Género

En este sentido, el trabajo doméstico y de cuidados es un ámbito donde los efectos de la violencia económica recalcan la urgencia de abordar la división sexual del trabajo desde la economía feminista. Una tarea aún pendiente en las luchas feministas, señala la activista Rafaela Pimentel, parte del colectivo Territorio Doméstico. “En la cadena de cuidados global las mujeres migrantes seguimos ocupando ese espacio encargado de la gestión de la vida cuando otras mujeres lo dejan vacío. Los hombres no se hacen cargo, hay un conflicto que no estamos resolviendo y que debemos retomar desde el feminismo”, señala en su ponencia Pimentel.

Estrategias de acción colectiva para todas: crítica a la universalidad y propuestas de lucha

La crítica al feminismo universal como marco de acción para enfrentar la violencia económica y todas las que se interseccionan con la misma ha sido uno de los principales ejes en los debates desarrollados en el Congreso, con una gran presencia en la asamblea de valoración y clausura del mismo. “No hemos entrado en diálogo con la economía decolonial. No solo hay una economía, hay otra economía del Sur”, indicaba al finalizar el encuentro este pasado sábado la economista Cristina Carrasco.

“Aquí no solo habitan cuerpos blancos. El racismo es un asunto que no preocupa en Europa, aunque fue inventado aquí”, denunciaba la antropóloga Rosa Castellanos, ponente en la mesa ‘En el nombre de la interseccionalidad’. A este respecto, una de las propuestas claves del Congreso reside en configurar una economía feminista decolonial con la interseccionalidad como herramienta analítica, con el fin de abarcar la complejidad de las diferentes realidades de las mujeres, entendiendo su opresión diferencial en base a su condición racial, económica y territorial.

Otra de las estrategias señaladas en los debates es la de incorporar las metodologías y análisis de interseccionalidad desarrollados en ámbitos académicos a los movimientos sociales, con la finalidad de politizar desde estos las diferentes violencias y organizar una respuesta colectiva. Una necesidad especialmente señalada desde los círculos activistas del trabajo del hogar. ”Nosotras le estamos haciendo frente a estas violencias. Las mujeres migrantes que estamos trabajando en el servicio doméstico y en los cuidados lo que hemos hecho ha sido politizar y sacar a la calle el tema de los derechos laborales y la situación de las trabajadoras de hogar, pero queremos que no sea una lucha solamente de las trabajadoras de hogar y las cuidadoras, sino que sea una lucha de todas”, señala a El Salto Rafaela Pimentel.

También destacan las propuestas destinadas a afrontar la dimensión digital y financiera que en el presente sostiene y agrava la violencia económica especialmente contra las mujeres, migrantes y personas LGTBIQ+, señalando así a los grandes poderes tecnológicos en cuanto a agentes que reproducen y agravan esta opresión. “Estas empresas desplazan sus ganancias cada vez más, erosionando la base imponible de los Estados, sin tributar y sin respetar la normativa, lo que evidencia sus lógicas económicas y también los efectos que quedan en las vidas de las personas“, indica Flora Partenio, resaltando la necesidad tanto de una justicia feminista digital como la creación de infraestructuras digitales que permitan garantizar servicios esenciales a la población.